La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales volvió a instalarse en el centro del debate público en España tras la difusión de las sanciones previstas para quienes mantengan perros o gatos de forma habitual en balcones, terrazas, patios, azoteas o espacios similares.

Aunque la normativa se encuentra vigente desde 2023, durante las últimas semanas distintos medios europeos y españoles volvieron a poner el foco en una de las disposiciones que más impacto genera entre propietarios de mascotas: las multas que pueden alcanzar los 50.000 euros en determinados casos de incumplimiento.

Qué prohíbe exactamente la ley

Uno de los puntos más relevantes del artículo 27 establece que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos.

Sin embargo, la legislación no impide que los animales permanezcan ocasionalmente en estos espacios. Lo que sanciona es que se conviertan en su lugar permanente o habitual de permanencia, especialmente cuando esto implica aislamiento, falta de supervisión o exposición a condiciones ambientales perjudiciales.

La normativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno español para reforzar la protección de los animales de compañía y reconocer mayores estándares de bienestar dentro del entorno doméstico.

Multas de hasta 50.000 euros

La ley diferencia tres niveles de infracción: leves, graves y muy graves.

Las infracciones graves pueden recibir sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. Dentro de esta categoría pueden encuadrarse situaciones donde se constate que un animal permanece de manera habitual en espacios exteriores sin las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar.

En los casos considerados muy graves, las multas pueden incluso superar esa cifra y alcanzar hasta 200.000 euros cuando exista riesgo para la vida del animal o se produzcan situaciones de especial gravedad.

La cuantía de la sanción dependerá de factores como la reiteración de la conducta, el daño ocasionado al animal y las circunstancias específicas detectadas por las autoridades competentes.

El clima también es un factor clave

La legislación presta especial atención a la protección frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades pueden considerar agravante la exposición continuada de perros o gatos a altas temperaturas, lluvias intensas, frío extremo o ausencia de refugios adecuados. En estos escenarios, la evaluación no depende únicamente del espacio físico disponible, sino también de las condiciones reales de habitabilidad que tenga el animal.

Este enfoque responde a una tendencia cada vez más extendida en Europa, donde el bienestar animal ya no se limita a evitar el maltrato físico directo, sino que también contempla factores relacionados con el entorno, el estrés y la calidad de vida.

Nuevas responsabilidades para los propietarios

La Ley de Bienestar Animal redefine algunas obligaciones tradicionales de los dueños de mascotas.

Además de las restricciones relacionadas con balcones y terrazas, la normativa también establece límites sobre los períodos en los que los animales pueden permanecer sin supervisión. En el caso de los perros, por ejemplo, no pueden quedarse solos durante más de 24 horas consecutivas.

Estas medidas buscan promover una tenencia responsable y reducir situaciones de abandono, negligencia o aislamiento prolongado que puedan afectar el bienestar físico y emocional de los animales.

Un cambio cultural en la protección animal

Más allá del componente sancionador, especialistas y organizaciones vinculadas a la protección animal consideran que la normativa representa un cambio de paradigma en la relación entre las personas y sus mascotas.

El objetivo principal no es aumentar la recaudación mediante multas, sino elevar los estándares mínimos de cuidado exigidos a quienes deciden incorporar un animal a su hogar.

En este contexto, la vivienda deja de ser únicamente un espacio de alojamiento para convertirse en un entorno que debe garantizar seguridad, protección climática, interacción social y condiciones adecuadas para el desarrollo del animal.

La legislación española se suma así a una corriente internacional que busca reconocer a los animales de compañía como seres sintientes y reforzar las obligaciones legales de quienes asumen su cuidado.